Hace pocos días el Gobierno de coalición ha anunciado un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y que una de las condiciones indispensables para el sector de Podemos era desempolvar su proyecto de Ley de Vivienda (que data del año 2018). La nueva Ley de Vivienda parece que verá la luz en los próximos meses, aún se encuentra en fase de redacción y no ha sido publicado borrador alguno. Según han informado los medios, esta nueva Ley de Vivienda contendrá importantes cambios para los arrendamientos urbanos a nivel estatal, entre ellos:
- Intervención del mercado del alquiler: el Gobierno intervendrá el precio del alquiler a los "grandes propietarios", que son aquellos que tienen más de 10 viviendas en su haber. Estos propietarios deberán reducir el precio del alquiler con base en un índice de referencia en todos los contratos que tengo como objeto una vivienda en alquiler en una "zona de mercado tensionado". A los arrendadores que tengan menos de 10 viviendas en su haber se les aplicará una congelación de precios, además de incentivos fiscales vía deducciones para forzar a la reducción de los precios de la renta. La intervención recaerá sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque la Ley de articulará de forma estatal.
- Bono alquiler para jóvenes: la nueva Ley de Vivienda incluirá un "bono joven" de vivienda dotado con 250€ al mes durante los dos próximos años. Se podrán beneficiar los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas inferiores a 23.725€ anuales. En el caso de familias vulnerables la ayuda podrá complementarse con hasta el 40% de la suma de la renta del alquiler.
- Parque de vivienda social: la nueva Ley de Vivienda también incluirá un parque público de alquiler, con una reserva del 30% de las promociones para vivienda protegida. La mitad del referido 30%, el 15% se destinará a alquiler social.
- Recargo del IBI a las vivienda vacías: la nueva Ley de Vivienda penalizará a los propietarios que tengan un piso vacío con un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150%. La aplicación de este recargo será opcional para los ayuntamientos. Recordemos que actualmente el tipo mínimo en este impuesto es del 0,40% del valor catastral y el máximo del 1,10%, esto supone que un propietario con varias vivienda vacías tenga que hacer frente a un recargo bastante importante.
- Posible retirada de incentivos fiscales: el sector de Podemos ha exigido al PSOE la retirada de las reducciones y gastos deducibles a los grandes propietarios. Esta reducción actualmente puede llegar hasta el 60% del rendimiento de un inmueble destinado a vivienda y también se pueden deducir todos los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos (gastos de comunidad, entre otros), los tributos no estatales (como el IBI), etc. Desde el PSOE han insistido en que los arrendadores podrán disfrutar de amplias resuducciones si se aplica esta nueva Ley de Vivienda.
La futura Ley de Vivienda afectará principalmente a lugares como Madrid y Barcelona (zonas presuntamente "tensionadas" según el Gobierno), no obstante su impacto real en el mercado del alquiler es reducido, ya que de los aproximadamente 3,5 millones de viviendas en alquiler en España sólo unas 150.000 están en manos de "grandes tenedores". En el caso de Madrid, según la Dirección General del Catastro hay 26.573 tenedores con más de 10 inmuebles urbanos, de los cuales 1718 tienen más de 50 inmuebles. El Partido Popular ha anunciado que no aplicará la futura Ley de Vivienda en las comunidades y municipios en los que gobierna, además han dicho que la recurrirán al Tribunal Constitucional (TC); por otro lado VOX ha tildado a la ley de ataque directo a la propiedad privada.
Escrito por Jesús Santorio Lorenzo - Abogado Ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
