El Derecho Laboral se percibe en la conciencia colectiva como el cuerpo jurídico garante de los derechos de los trabajadores, de esas conquistas sociales que tanto costó conseguir. Y puede que en sus inicios, cuando se produjeron los primeros cambios del modelo productivo, de una sociedad puramente agraria, a una mucho más industrializada, fuesen de justicia material ciertos cambios legales, tales como una limitación de horarios, prestaciones sociales y unos salarios más acordes a la nueva productividad marginal del mundo industrial.
No obstante, una vez alcanzada la consolidación de los derechos laborales con el asentamiento del Estado del bienestar en las principales socialdemocracias occidentales, y el tránsito -que no necesariamente evolución- a una economía de servicios, donde el factor trabajo cada vez es menos relevante o incluso se ve sustituido por el factor tecnológico, no parece que tenga mucho sentido seguir abordando la materia desde el mismo prisma rígido de antaño.
Con una economía global, interconectada, donde la competencia y la productividad cada vez es mayor, parece desfasada esa vieja visión de garantía de derechos, máxime cuando lo que parecían garantías, se convierten en el principal impedimento para ser competitivo. El principio que rige el mercado laboral no es jurídico, las leyes y normas son papel mojado cuando choncan con la realidad, pues es el propio mercado el que establece la oferta y demanda de empleo, y no pueden mantenerse derechos que excedan de la utilidad marginal del fruto del trabajo, cuando esta no alcanza la contraprestación que recibe el trabajador (incluidas las cotizaciones e impuestos).
De ahí, en gran medida, nace el desempleo estructural, de mantener artificialmente las condiciones laborales, prescindiendo por completo de las necesidades reales, lo que genera efectos perversos en el mercado laboral, y especialmente en el empleo poco cualificado y de bajo valor añadido. Se condena a una parte relevante de la población activa al desempleo, a la que se le prohíbe trabajar por debajo de un salario mínimo y se le obliga a cotizar a un sistema público de pensiones inviable a largo plazo, lo que afecta especialmente a los empleos más precarios como el trabajo estacional, temporal, de media jornada, etc.
Si queremos estar abiertos a un mundo global, es evidente que no es viable mantener la intervención del mercado laboral. Esto lo podemos ver con claridad en España, ¿por qué tenemos una alta tasa de paro estructural en España? entre muchas razones, y principalmente por esta razón:
La razón principal de la existencia del paro y el desempleo en España es la rigidez del Derecho Laboral, la causa inmediata del desempleo es la intervención de los gobiernos y sindicatos en el mercado laboral. La rigidez bloquea la iniciativa y el espíritu empresarial, el mercado laboral debería ser ágil y no debería estar tan intervenido. La desregulación beneficiaria al trabajador, que podría tener muchas más opciones laborales y verse mejor retribuido por su trabajo.
¿Por qué es un ente público como el SEPE quien ostenta el monopolio de las medidas y aciones para el empleo? ¿por qué lo hace de forma tan ineficiente? ¿no podrían entes privados en contacto directo con las empresas ejercer su labor de manera mucho más eficiente? Para reflexionar.
